Auge y caída del poder sindical azul (1938-1941)

La Revolución en la Guerra

Los intentos por crear estructuras revolucionarias de los falangistas comenzaron durante la Guerra Civil. En los primeros meses del conflicto, en el bando nacional, Falange desarrolló leyes sociales para solventar las seculares injusticias que sufrían los trabajadores españoles. Los falangistas tenían una oportunidad histórica que les habían negado las urnas y abierto los fusiles.

La ofensiva anticapitalista azul arreció cuando Dionisio Ridruejo asumió las responsabilidades de Prensa y Propaganda, auxiliado por Fermín Yzurdiaga, Román Oyarzun y Antonio Tovar. La prensa falangista “seguía condenando, como antes, el liberalismo en todas sus formas […] denunciaban ciertos aspectos franciscanos del catolicismo o declaraban que el Papa no era infalible en cuestiones políticas… cuando, con retraso, el fascismo adquirió relevancia durante la Guerra Civil, mutaría y se sincretizaría de manera inevitable en un híbrido «fascismo frailuno»” (Payne 2006: 72). Como ejemplo, Ridruejo acusó a Pedro Sáinz Rodríguez, que era ministro de Educación, de “haber ofrecido a la Iglesia una gran influencia en la educación”. (Payne 1997: 465) No mentía ni se equivocaba.

Trece meses antes de terminar la guerra, el 30 de enero de 1938, Franco formó un Gobierno en el que Fernández-Cuesta asumió la cartera de Agricultura y el ingeniero Pedro González-Bueno ocupó el Ministerio de Organización y Acción Sindical. Su departamento generó leyes avanzadas de protección social y laboral, aunque fue rebatido por algunos camisas viejas: “Si se hubiese levantado un acta de las sesiones, lo que no creo que sucediera, se habría constatado que tanto requetés como conspicuos falangistas resultaban defensores del sindicato de clase. Paradojas” (González-Bueno 2006: 201). Ese mismo año, el 9 de marzo, se aprueba el Fuero del Trabajo más inspirado en la encíclica Rerum Novarum que en la  fascista Carta del Lavoro italiana. González Bueno escribió sobre esos días: “El capital era colocado en su lugar, con la declaración de que no era sino un instrumento de la producción. El trabajo no debía ser considerado una mercancía que se compra o se alquila, sino un honor para el trabajador y un derecho” (González-Bueno 2006: 156). Más aún, los sindicatos serían el cauce de democracia política y económica: “El Fuero del Trabajo cuando se aprobó anticipaba un régimen denominado «nacional-sindicalista», en el que la Organización Sindical, por una parte, debería ser vehículo de la representatividad política del pueblo, pero por otra habría de intervenir directamente en los Ministerios económicos del Gobierno” (González-Bueno 2006: 157). Los falangistas avanzaban en la construcción del esqueleto de un Estado durante la guerra y apenas notaron cuando lo sindical dejó de ser un Ministerio para convertirse en una Delegación.

Los sindicatos de Salvador

El partido único FET y de las JONS lo controlaba el presidente de la Junta Política, Serrano Suñer, quien decidió asignar nuevamente los sindicatos al movimiento. El 9 de septiembre de 1939, el notario Gerardo Salvador Merino, de 29 años fue nombrado delegado de Sindicatos. Salvador había sido herido dos veces en combate en el frente asturiano. Fue nombrado jefe comarcal de FET por Germán Álvarez de Sotomayor en junio de 1937 y jefe provincial en noviembre. Fernández-Cuesta lo destituyó por realizar una concentración en la plaza de toros de La Coruña el 24 de abril de 1938, con el lema “Abajo la burguesía”. Salvador marchó de nuevo al frente, combatiendo en Castellón, con la graduación de sargento obtenida por méritos de guerra (Moreno Juliá 2004: 45).

El delegado de Sindicatos dependía del secretario general de FET, general Muñoz Grandes, que había sido rápidamente atraído por las tesis azules más revolucionarias. “El nombramiento de Salvador Merino es buena prueba de por dónde iban los intereses e inclinaciones políticas de Muñoz Grandes durante su paso por la Secretaría General” (Togores Sánchez 2007: 227). Salvador se adscribía al grupo más radical de Falange, hostil a la masa derechista que ingresó en las filas falangistas y que fue mal asimilada durante la guerra. Según Manuel Penella, el secretario de Ridruejo, el general Muñoz Grandes se “había entendido muy bien con Gerardo Salvador Merino, hasta el punto de que había pensado lanzarse por su cuenta a la conquista de Gibraltar para poner a Franco ante un hecho consumado y obligarle a hacer la revolución” (Togores Sánchez 2007: 247).

Payne describe a Salvador, de una forma simplista, como “nazi ardiente, cuyo objetivo era levantar un sistema sindical poderoso y relativamente autónomo como elemento decisivo del nuevo régimen” (Payne 1997: 523). Sí era cierto que Gerardo Salvador era radical en su falangismo. “Lo que planeaban Salvador Merino y sus colaboradores había de ser un Nacional–sindicalismo que estuviese alejado de los sindicatos «libres» [...] que correspondiera a las exigencias de la clase trabajadora española” (Ruhl 1986: 63). En 1940 todavía era posible la revolución. El poder de Salvador Merino creció porque pudo moverse con independencia debido a varios factores: los jerarcas miraban a otra parte; Serrano Suñer se afanaba en acaparar el control del nuevo Estado; estaba vacante la Secretaría General de FET y de las JONS tras su abandono por Muñoz Grandes y entre los falangistas existía un déficit de liderazgo.

La reestructuración sindical de Salvador fue total hasta llegar a la Ley de Unidad Sindical en la que se aseguraba el predominio de los Sindicatos que integraron a las asociaciones profesionales y empresariales. El 26 de enero de 1940 se promulgó la ley de Unidad Sindical. Los jóvenes azules la usaron para hacerse con amplias áreas de poder sindical: “La ordenación económico social de la producción se ejerce a través de los Sindicatos Nacionales […] El jefe de cada Sindicato Nacional será nombrado por el Mando Nacional del Movimiento, a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos”.

El poder sindical azul se manifestó de forma pública en una multitudinaria concentración de obreros el 31 de marzo de 1940, celebrando el primer año de paz, que marchó por el Paseo de La Castellana gritando que los trabajadores habían conquistado el poder y el Estado Sindical iba a ser implantado. La demostración levantó las iras de sectores del Ejército y el miedo de muchos capitalistas, así como de los monárquicos. El general Varela juró que acabaría con la carrera de Salvador. Los tres sectores se pusieron de acuerdo en la necesidad de reducir el poder de los azules. Comenzó la pugna. Franco debilitó a los falangistas destituyendo al general Yagüe como ministro en junio. La entrevista de los dos militares fue “un enfrentamiento en toda regla. De legionario a legionario”. (Palacios 1999: 261) Al mes siguiente, los generales Solchaga y Orgaz se quejaron al Caudillo de los falangistas. Después también lo hicieron los generales Aranda y García Escámez en el mismo sentido, pidiendo una restauración monárquica, que aplaudían los generales Varela y Kindelán.

Los falangistas se sentían con fuerzas para vencer. Gente próxima a Dionisio Ridruejo, en el boletín que publicaba la Delegación Provincial de Barcelona, escribía en julio de 1940: “Encuadrados en nuestros Sindicatos existen una gran cantidad de empresas y de productores que no se encuentran en su sitio. Que están con nosotros por las circunstancias a disgusto. Su incorporación a nuestros Sindicatos ha sido su mal menor. Expresado en dos palabras: están incómodos. Denotan su casta […] caciquil, siguen haciendo política cobarde y destructora y quieren hacer cundir en otros la desanimación; pero no saben cuan lejos están de esto”.  En octubre, Salvador afirmaba que “dentro de muy pocos días, los Sindicatos Nacionales tendrán de hecho y por derecho atribuciones de enorme trascendencia y responsabilidad respecto a la ordenación económica nacional, con vistas a una unidad, siquiera de instrumentación, de la política económica del Estado”. La Delegación Nacional de Sindicatos la definió Germán Álvarez de Sotomayor como “refugio o reducto último de nacional-sindicalistas” en el I Congreso Sindical, celebrado del 11 al 19 de noviembre de 1940.

Analizando la nueva ley sindical, Pío Miguel Izurzun, el delegado de sindicatos de Barcelona, con cerca de medio millón de afiliados, expresó: “La ley termina con los jerarcas irresponsables del capitalismo, anula las fuerzas ocultas y mágicas del poderío financiero. En una palabra comienza solemnemente la verdadera Revolución Nacional contra una serie de siglos de orden antiespañol y anticatólico, [...] capitalista y marxista”. Esa ley integraba a las asociaciones de tipo gremial, fueran profesionales o empresariales en una única organización. Salvador era un revolucionario, que con la Ley de Unidad Sindical, extendió por España en 1940 una red sindical acometiendo obras sociales novedosas y avanzadas.

El descontento de los azules con los monárquicos y derechistas, a finales de ese año, llevó a Dionisio Ridruejo a hablar a “un confidente del SD [Sicherheitsdienst, servicio de información de la Schutzstaffel, las SS nazis] de un derrocamiento político que se llevaría a cabo en breve y con probabilidades de éxito” (Ruhl 1986: 64). En esa línea, los camisas azules que rodeaban a Serrano Suñer le exigieron un golpe de timón. Había que romper con el Estado burgués y clerical, para ello necesitaban poder real. Querían la Presidencia del Gobierno, los Ministerios de Asuntos Exteriores, Gobernación y Educación; fundiendo los Ministerios de Agricultura, Comercio e Industria en uno solo de Economía. Amenazaron a Serrano con pasar a la oposición y dimitir en masa. Serrano ofreció a Salvador la cartera de Trabajo para convertirle en su aliado y, además, poder fiscalizar, desde el Gobierno, la ya poderosa Organización Sindical, pero Gerardo Salvador quería más: pidió la Secretaría General del Movimiento y los Ministerios de Gobernación y de Asuntos Exteriores, cuyo titular era Serrano.

Hans Thomsen, el representante nacionalsocialista en Madrid, preparó a Gerardo Salvador un viaje a Alemania para que conociera el Frente de Trabajo Alemán. Simultáneamente Salvador ofrecía 100.000 trabajadores a esa organización (Togores Sánchez 2007: 334). “Como aliado para sus intenciones se ofreció, en primer lugar, la Auslandsorganization (Organización para el Extranjero) del Partido Nacional Socialista Alemán  (NSDAP), que se había establecido en España durante la Guerra Civil y relacionado con los viejos falangistas” (Ruhl 1986: 19). Salvador visitó Alemania el 29 de abril de 1941, donde se reunió con Goebbels, Ribbentrop, Funk, y Hess. “El espionaje alemán informó de que Salvador Merino estaba involucrado en una conspiración (Yagüe, Aranda, Asensio y Muñoz Grandes) dirigida a formar un nuevo Gabinete, constituido por militares y falangistas, del que quedase excluido Serrano.” (Moreno Juliá 2004: 47). El ministro de Propaganda del Reich, el Dr. Goebbels, anota en su diario: “Franco y Suñer completamente entregados al clericalismo, carecen de apoyo popular; ni siquiera han comenzado a ocuparse de cuestiones sociales; hay un caos tremendo; la Falange no tiene ninguna influencia […] Esta es la imagen de un país después de una revolución que ha causado casi 2 millones de muertos. Y encima es un aliado nuestro. ¡Espantoso!”.[i]

A su regreso, Salvador realizó el II Consejo Sindical. El nuevo secretario general de FET, José Luís Arrese, y Serrano Suñer le miraban con desconfianza. Salvador, en su alocución a Franco explicando los resultados del Consejo, exigió más poderes para los sindicatos, donde Muñoz Grandes había aconsejado que se admitiera a los obreros de cualquier procedencia, y pidió la proclamación urgente de la hegemonía absoluta de la Organización Sindical en política y economía.

Franco dio un nuevo golpe de timón. En la reestructuración gubernamental de mayo de 1941 Girón de Velasco fue nombrado ministro de Trabajo y José Luis Arrese secretario general de FET, para desactivar cualquier veleidad radical, a  pesar de que el teniente coronel Écija avisó al Caudillo que Yagüe y Arrese conspiraban contra la Jefatura del Estado (De Diego 1991: 104).

El 7 de julio de 1941 se casó Gerardo Salvador en Barcelona, partiendo de luna de miel a Baleares. Salvador vio que el Gobierno le había consentido el discurso radical porque lo necesitaba para encuadrar al proletariado español, hasta 1939 influido  por el anarcosindicalismo. Pero Salvador sobrepasó los límites al intentar hacerse con el control de la economía nacional para obtener el poder. El delegado nacional de Sindicatos vio reducidas sus atribuciones. Ante ello, contactó con los falangistas rebeldes, como Tarduchy y González de Canales, pero rechazó las aventuras clandestinas en que estaban implicados. Después buscó el sostén de camisas viejas mejor colocados como Pilar y Miguel Primo de Rivera, Mercedes Sanz Bachiller y Martínez de Bedoya. Era tarde.

El Consejo de Ministros acordó la destitución de Gerardo Salvador Merino por “pertenencia a la masonería y a círculos socialistas durante la II República”. Su presencia en logias masónicas nunca fue probada aunque sí muy aireada por la BBC británica. Lo de venir del socialismo sí era cierto como el mismo Salvador había reconocido en su ficha de afiliación a Falange. Había abandonado el PSOE cuando miembros de éste atentaron contra sus padres, en mayo de 1933. Tanto él como sus más próximos colaboradores fueron expulsados de FET. Salvador fue confinado en Baleares a finales de 1941. “La Falange de izquierdas fue relegada políticamente. Puestos de experimentación, que Franco había encomendado a la Falange, después de la Guerra Civil española fueron suprimidos” (Ruhl 1986: 174).

Había terminado el intento más serio de los falangistas de hacerse con el poder. Conforme la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin la influencia de los azules se iría reduciendo hasta el acompañamiento coreográfico.

Obras citadas:

De Diego, Álvaro. José Luis Arrese o la Falange de Franco. Editorial Actas, Madrid, 2001.

González-Bueno, Pedro. En una España cambiante. Áltera, Madrid, 2006.

Moreno Juliá, Xavier. La División Azul. Crítica, Barcelona, 2004.

Palacios, Jesús. La España totalitaria. Las raíces del franquismo: 1934-1946 Planeta, Barcelona, 1999.

Payne, Stanley. Franco y José Antonio. Planeta Barcelona, 1997.

Payne, Stanley. 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil. La esfera de los libros, Madrid, 2006.

Togores Sánchez, Luis Eugenio. Muñoz Grandes. La Esfera de los Libros, Madrid, 2007.

Ruhl, Klaus Jörg. Franco, Falange y III Reich. Akal, Madrid, 1986.

La reivindicación del bien público y la ameba soberana

Por Gustavo Morales.

La política del bien público

El concepto de política está devaluado. Los políticos no son valorados positivamente por sus compatriotas. Ahí están las encuestas y el decir de la calle, lo recogen muchas expresiones del idioma, como la del mismo perro con distinto collar. Esto produce un alejamiento constante de la política de muchas personas que se vuelven a su entorno desentendiéndose del común, de la res publica. Sin embargo, la política es más que importante, es inevitable. Participemos o no sufriremos la acción del Gobierno que haya al frente del Estado. Por ello, es necesaria una reivindicación de la política, de la participación en la definición de bien común y de su aplicación. “Si el problema fundamental de la sociedad es que las demandas son infinitas y los recursos limitados, la ciencia de las ciencias es la política y no la economía” [i]. El Estado totalitario ya murió en el siglo XX, intentaba crear una sociedad nueva sin conflictos, bajo banderas rojas y bajo banderas negras.

La política es una actividad humana porque es específica del homo sapiens. Subjetiva porque responde a la persona, no al individuo, es decir, al hombre en relación con su entorno social del que no puede desligarse sino para caer en el racionalismo estéril o el mito de Robinson Crusoe. Quizás quien mejor comprenda esta diferencia es el Derecho, encargado de hacer normativa de las relaciones humanas. “El único habitante de una isla no es titular de ningún derecho ni sujeto de ninguna jurídica obligación. Su actividad sólo estará limitada por el alcance de sus propias fuerzas. Cuando más, si acaso, por el sentido moral de que disponga. Pero en cuanto al Derecho, no es ni siquiera imaginable en situación así (…) La personalidad, pues, no se determina desde dentro, por ser agregado de células, sino desde fuera, por ser portador de relaciones.” [ii] Es decir, “mi identidad, sin embargo, es algo tanto individual como social. Es individual porque es únicamente mía, pero en realidad está compuesta por una serie de reconocimientos mutuos con otras personas en un contexto social”. [iii]

La vida política es inevitable, un imperativo de la polis al que no podemos sustraernos porque es nuestro medio de desarrollo y convivencia. Libre porque la libertad legitima de forma más sólida el proceso de elección de gobierno y la crítica a su actuación.

La participación de todos y el gobierno de pocos están justificados en cuanto su objetivo es el bien común, de otro modo es oligarquía cuando menos. Monseñor Sebastián, arzobispo de Pamplona, sintetiza: «La vida política, en su conjunto, la de los votantes y la de los dirigentes, es una actividad humana, personal y libre, cuya legitimación moral está en la promoción y defensa del bien público». ¿La legitimación moral de qué?, La de ser dirigentes, la de gobernar sobre iguales; la de elegir pensando en el bien común y no de facción o geografía local.

Para santo Tomás el bien público es la finalidad última del Estado, el fin social. Es sabido que justifica el tiranicidio. Sin duda, ha sido a través de los caminos de Roma como se extendió el cristianismo en Europa. El humanismo cristiano y el Derecho romano sustentan el moderno Estado demócrata. El cristianismo difunde la idea de la igualdad ante Dios, de la libertad para elegir entre el bien y el mal, de la fraternidad entre prójimos. No sólo palabras. Como ejemplo, miles de monjes copiaban a mano textos griegos y árabes que superan la Alta Edad Media europea y convierten al subcontinente en la primera potencia en filosofía. El peso del cristianismo es indiscutible en los valores europeos. Democracia y filosofía, dos fenómenos que no se producen en territorios con otras religiones mayoritarias. La idea es de Gustavo Bueno.

Sebastián, obispo además de Tudela, recuerda: “Los principios que rigen la vida democrática han nacido del cristianismo. La igualdad y los derechos de las personas, la soberanía de los pueblos, el concepto de autoridad como servicio al bien común y no como simple dominio o imposición, la igualdad de todos ante la ley, todo esto, nace históricamente de la experiencia cristiana y de los valores morales del cristianismo. Incluso cuando semejantes ideas se afirman contra la Iglesia, quienes las defienden son hijos de la tradición y de la cultura cristianas” [iv]. La Iglesia perdió poder temporal pero una idea cristiana tomó su relevo: el libre albedrío, justificado en la relación directa con el Creador, sin intermediarios: “Sólo a través de mi se llega al Padre”. Las tesis de Lucero contra cierta corrupción vaticana de su tiempo sirvieron para una reforma protestante que rompió la verticalidad de la Iglesia, la primera a que se aplica el término fundamentalismo. También dieron justificación doctrinal y bandera a los ambiciosos príncipes alemanes para romper la unidad imperial romano-germánica, al teñir de ideología las ambiciones por dominios y gabelas en tierras, pueblos y el floreciente comercio. Sus aires se respiran en el nacimiento del liberalismo. Lo enunció Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo.

El Estado egoísta

El abandono de una acción moral por parte del Estado florece en la mente de un hijo de la Iglesia, que puso su patria por encima de su fe: el cardenal Richelieu. A partir de la razón de Estado como argumento supremo, la Revolución posterior pretende construir un nuevo mundo con una nueva moral. Tras la edad de las catedrales, cuando los hombres escribían en piedra, dice Víctor Hugo, llegó la de los comerciantes cuyos intereses afianzaron la presencia de Europa en ultramar. El Renacimiento fue un puente para el homocentrismo. Una nueva ideología, el liberalismo, se expande en el siglo XIX, combate en el XX y entra victoriosa en el siglo XXI, aunque herida de gravedad. La nueva hegemonía proclama el dogma del egoísmo individual, al que transmutan de vicio privado en virtud pública. Con la caída de la Unión Soviética y hasta la extensión del integrismo islámico las instituciones del liberalismo celebraban el fin de la Historia.

El liberalismo dice que el bien público es la simple suma de los intereses individuales de personas y grupos: reduce al Estado al papel de gendarme que evite la anarquía y sea el depositario de la soberanía nacional instrumentalizada en las leyes. “Nace el Estado liberal cuando triunfaba en Europa la cultura <racionalista>. Una Constitución es ante todo un producto racional, que se nutre de ese peculiar optimismo que caracteriza a todo racionalista: el estar seguro de la eficacia y el dominio sobre toda realidad posible, de los productos de su mente” [v]. Es una muestra más de la soberbia racionalista. Desde la Revolución Francesa el hombre al nacer se supone realiza un presunto contrato social para aceptar los límites a su libertad a cambio de las ventajas del Estado. Las constituciones liberales son la expresión escrita del contrato social.

Esta idea falla en tanto no es la suma de los egoísmos individuales la que construye el bien público. El trabajador es libre de no aceptar las condiciones laborales. El emigrante es libre de quedarse en su país. El tendero es libre de no fiarles comida. La entidad financiera es libre de invertir y prestar a quien quiera. Pero el ejercicio de esas libertades tiene consecuencias: paro, miseria, carestía y fuga de capitales. El liberalismo ondea la bandera de la libertad para ocultar los intereses más egoístas, las apetencias más mezquinas. El nuevo marco mundial tras la derrota del fascismo en Europa hizo prioritario para el liberalismo dirigir la voluntad de los trabajadores-consumidores-votantes desde la segunda mitad del siglo XX, como venía haciéndose desde finales del siglo XIX en Estados Unidos. Los intervencionistas norteamericanos desde el presidente Wilson defendían la idea de evangelizar el mundo con un sistema político tan justo y perfecto como el suyo. Para eso crearon Naciones Unidas. El bien público lo definía en cada momento la opinión pública, a la postre, la opinión publicada.

Un hecho, una crítica y casi una alternativa:

El sistema liberal no redistribuye. Quinientas personas del mundo tienen más dinero que 400 millones de occidentales. Sin incluir a 400 millones de indios con menos de medio dólar diario, tantos africanos, más asiáticos y algo menos de hispanos. Uno es demasiado.

Una crítica. Las mayorías no deciden sobre la verdad y la mentira ni pueden cambiar el bien por el mal con leyes y comisiones. Azaña se salió de una votación del Ateneo sobre si existía Dios: “Son ustedes unos idiotas”. La democracia no es la exigencia de que todos comulguemos con las mismas ruedas de molino. “De ninguna manera debemos aceptar que para ser un buen demócrata haya que ser relativista en lo religioso y en lo moral”[vi]. Las creencias no están a merced de los votos. El Gobierno no puede pedir a las entidades sociales, y la Iglesia lo es, que se circunscriban al ámbito de lo privado cuando sus leyes son ofensivas para una parte importante de la población. El Estado prima a las minorías religiosas sobre una mayoría social cristiana indudable.

Utopía. El bien común facilita a cada persona su búsqueda de la felicidad en un ambiente tolerable al promocionar el bien y proscribir el mal. Un Estado administra ese bien público, da servicio a todos, de forma más acusada a quienes más lo necesitan.

En cambio, la vida parlamentaria con sus servidumbres en listas cerradas y disciplina de voto, teje continuos ataques de facción, alianzas postelectorales y el endiosamiento de la ley cada vez más ajena a la justicia. Los diputados están al servicio de parte. No reciben más los necesitados sino quienes disponen de fuerza parlamentaria para pactar, poderosos a la postre. La ley de ese Estado defiende menos a los más de los comunes que a los menos comunes. Cede ante la razón de la fuerza de secesionistas interiores y reductores exteriores. Los votos se sientan con las pistolas en la mesa de negociaciones. Olvidan que el Estado de Derecho es respetable cuando esa ley expresa la justicia, no cuando la ofende. La obediencia debida murió en los juicios de Nuremberg.

“La violencia y el terror necesarios para conseguir la unanimidad no son más humanos cuando se aplican en nombre de la democracia que cuando el objetivo es la pureza racial o la igualdad económica”[vii].

Púlpito audiovisual

Ahora la sociedad light prima el individualismo menos fraterno y la satisfacción en sensaciones instantáneas y fugaces. El culto al egoísmo corresponde hoy al modelo de cultura audiovisual donde se instalan los nuevos púlpitos, cuya razón se basa en mayorías manipuladas. “Tan responsable como el dominador es quien admite la dominación”, adujo el imam Alí. Otras plumas ya escriben mejores trabajos sobre políticos y política individual. Estas líneas valoran la acción del público inerme e inerte a quien el decano Patxi Andión cantaba a finales de los años setenta del siglo pasado: “Quiero insultar a esos hombres que estando en el escenario no son más que decorados”.

Es un público bien atendido con su soma[viii] diario. El aumento del ocio ha multiplicado la oferta audiovisual. Buena parte de la vida ha pasado del hecho personal al espectáculo para las masas. Imagen, sonido y titulares bombardean con las leyes del consumo al individuo donde se refuerza su condición de espectador. La vida reflejada en los medios de masas induce modelos de comportamiento y conducta en los espectadores. Un nuevo modo de vida se universaliza al ser visto como algo normal en cine y televisión. La libertad de los ajenos al poder y la gloria se reduce a la elección de canal. “La aparente libertad anónima será espejismo (…) donde sólo las clases propietarias e ilustradas tendrán vida y actividad reales.”[ix] Gran parte del resto de la gente dedica su ocio creciente a la contemplación de vidas ajenas.  Eso ya horrorizba a José Antonio: “A veces siento pirandelliana angustia por la suerte de tantas auténticas vidas cuyos protagonistas no vivieron, prendidos a una vida falsificada”.

La homogeneización del público, mediante pautas de conducta emitidos por los medios, facilita la producción masiva de bienes de consumo abaratándose por su globalización. Este proceso de imposición de gustos no crea un vínculo distinto al de consumidores. La globalización requiere que esa masa esté invertebrada, compuesta por individuos aislados cuyo asociacionismo sea inocuo. Para romper la resistencia, se acaba con las entidades más naturales podando a la persona para dejarla en individuo. Finaliza el proceso de trasformación de comunidad a sociedad basada en el contrato social. Esa cultura general alcanza incluso a quienes constituyen la nomenclatura del poder político y comprenden el proceso, son cómplices. “No sólo son individualistas los meros ciudadanos que van por libre: también el político lo es en la medida en que su oficio ha dejado de ser un claro servicio público para ser un servicio a los intereses de un partido o de una clase profesional”.[x] El bien común queda relegado por el interés del partido o del gremio ante la indiferencia social.

Los nuevos predicadores están en los medios audiovisuales y generan opinión. Los medios no son fundaciones culturales sino empresas a la búsqueda de beneficios. Sus emisiones responden a objetivos en términos de obtención de clientela para ventas publicitarias o electorales. Influyen de modo importante sobre las decisiones y tomas de actitudes de cuantos forman la sociedad. Y dan una falsa idea de cuál es el bien común, envolviéndole en la niebla de sus intereses de parte. Se produce lo que Joaquín Estefanía califica de “efecto Queipo de Llano”, los partidarios de las ideas dominantes al expresarse con fuerza y seguridad desde los medios de masas producen la sensación de ser abrumadoramente mayoritarios frente a las personas que apenas se atreven a expresarse públicamente y que transmiten la sensación de representar opiniones menos valiosas y extendidas. Se sienten minoritarios y evitan expresiones públicas por temor a la marginación social. Es sabido que la libertad de prensa “se convierte en privilegio (…) ya que su ejercicio queda reservado a quienes cuentan con los cuantiosos medios materiales que se necesitan para disponer de uno de esos medios de comunicación”[xi].

Persona

La persona trasciende al individuo aislado cuando se encarna en la humanidad y dentro de una cultura con la que no hay contrato social previo sino armonía o conflicto. Es obvio que nadie elige nacer en un entorno concreto, no se negocia. Sí en cambio es posible una participación personal en el gobierno del común. En palabras de Maurras, “la sociedad es, pues, un «agregado natural», que se rige por las leyes de jerarquía, selección, continuidad y herencia. Su desarrollo consiste en la elevación del grado de sociabilidad desde la familia hasta la nación”[xii]. En cada uno de esos segmentos, de vida y tarea, participa la persona. Es la vertebración que Ortega añoraba en España. El Derecho que ya vimos regula esas relaciones humanas, no es inocuo. Se construye para alcanzar objetivos. “El Derecho es, ante todo, un modo de querer, es decir, una disciplina de medios en relación a fines, ya que todo ingrediente psicológico de la voluntad es ajeno al concepto lógico del Derecho (…) Sus normas, además, se imponen a la conducta humana con la aquiscencia o contra la aquiscencia de los sujetos a quienes se refieren; es decir: que el Derecho es autárquico”. [xiii]

Decimos que la aceptación de la relación entre persona y sociedad marca la integración en la Historia humana. La rebelión contra esa relación con éxito hace la Historia. Son revoluciones que aceleran un proceso incluso cuando fracasan, como le ocurrió al comunismo que impuso un bien público en nombre de una sola clase internacional.

En resumen, la vida política es ineludible como seres humanos, en ella estamos cuando menos de financieros vía impuestos y receptores de la acción del Estado, distributiva y represiva. La vida política debe mantener como polar un imperativo moral, tanto para representantes como representados, a favor del bien público alejando banderías. Los gobiernos que reciben la confianza política de la mayoría deben administrar y distribuir conforme al interés común de la nación, no de una parte u otra de ella territorial o sectorial. Estas palabras son cánticos etéreos y no realidades.

La sociología nos dice que España es una país cristiano, también hay mayoría entre los diputados. “La vida política ha estado y está dirigida por gobiernos en los que participan decisivamente partidos, grupos y políticos supuestamente cristianos, muchos de ellos católicos [...] Un político católico, si no es un oportunista no puede disociar sus creencias religiosas de su actividad política. En conciencia, no puede aceptar ni colaborar en la cada vez más numerosa legislación anticristiana, como la abortista o la favorable a la eutanasia, o la que ataca de diversas maneras a la persona o destruye la familia [...] Dada la participación activa en la vida política de tantos católicos y que una gran proporción de votantes lo son también de buena fe, de ser medianamente atendida, provocaría una revolución en los usos políticos” [xiv].

Minorías combativas han conseguido mediante una acción continuada la conquista de parcelas de poder político y mediático muy superiores a su proporción en la población. La ley de matrimonios del mismo género, la ley del aborto, las leyes de protección de los políticos, etc. no responden a exigencias de la sociedad, a un clamor popular expresado en acciones multitudinarias, sino a la acción decidida de minorías activas en una sociedad inerte y desarmada ideológicamente. Cuantos anteponen el bien común a la ventaja de la facción, tienen que desarrollar una acción sin apocarse ante el guirigay de los medios de comunicación de costumbre. La influencia de esos medios genera público fieles para vender a los anunciantes y a los gobernantes y/o aspirantes a serlo. Alexis de Tocqueville habla del “despotismo democrático”: “Ausencia de gradaciones en la sociedad (…) un pueblo compuesto de individuos muy semejantes (…) esa masa informe que es reconocida como el único soberano legítimo ha sido cuidadosamente despojada de toda facultad que pueda permitirle dirigir, o por lo menos supervisar, el gobierno”[xv]. La ameba soberana.

A los rebeldes, la defensa de su identidad requiere saber que “la transformación social que propugnamos busca precisamente la organización y la solidaridad de los españoles.”[xvi] Ese es el bien público. Tenemos derecho a nuestras creencias y a movilizarnos por ellas.

[i] Bernard Crick En defensa de la política Kriterios Tusquets, Barcelona, 2001, página 185.

[ii] José Antonio Primo de Rivera “Ensayo sobre el nacionalismo. La tesis romántica de nación” Revista JONS, nº 16, abril de 1934.

[iii] Bernard Crick Obra citada, página 265.

[iv] Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, en Iglesia en democracia. http://www.iglesianavarra.org/6104democracia.htm

[v] Ramiro Ledesma en la revista Acción Española, nº 24. Marzo de 1933.

[vi] Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, en Iglesia en democracia. http://www.iglesianavarra.org/6104democracia.htm

[vii] Bernard Crick Obra citada, página 68.

[viii] Aldous Huxley Un mundo feliz. La primera traducción al castellano fue la realizada por Luys Santa Marina para el editor Luis Miracle en 1935, en su colección Centauro.

[ix] Francisco J. Palacios Romeo La civilización de choque Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1999, página 168.

[x] Victoria Camps Paradojas del individualismo Crítica, Barcelona 1993.

[xi] Luis Suárez “El hecho concreto de una desideologización”.  Altar Mayor nº 81. Agosto 2002, página 690.

[xii] Pedro C. González Cuevas “Maurras en Cataluña” Razón Española http://www.galeon.com/razonespanola/re85-mec.htm

[xiii] José Antonio Primo de Rivera “Derecho y política” Arriba nº 21, 28 de noviembre de 1935.

[xiv] Dalmacio Negro “Conducta política de los católicos” El Rotativo, número 70.

[xv] Bernard Crick Obra citada, página 71.

[xvi] Ramiro Ledesma Nuestra Revolución. Julio 1936 http://www.ramiroledesma.com/nrevolucion/rnr.html